Por Víctor Sánchez Baños

A 20 años de la instauración del ahorro para los trabajadores y quitarle el peso de las pensiones al gobierno federal, los recursos de ese sistema se ubican en tres billones 169 mil 190 millones de pesos o sea 14.8% del Producto Interno Bruto, lo que supuso un crecimiento de saldos con respecto a 2016 de 402 mil 424 millones de pesos, de los cuales 246 mil 588 millones fueron plusvalías netas de comisiones.

Las cifras suenan espectaculares. Sin embargo, el beneficio directo a los trabajadores no se refleja. Dicho crecimiento engloba 645 mil 157 millones de pesos en aportaciones netas de retiros, y el resto, 603 mil 105 millones de pesos, a plusvalías netas de comisiones.

Ahora bien, al cierre de 2017, del total de los activos administrados, 54.6% es de aportaciones realizadas y 45.3% de los rendimientos netos de comisiones que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore). Sin embargo, el crecimiento del capital de los trabajadores es mínimo, incluso inferior a los rendimientos de los Cetes, que es una inversión segura, pero con utilidades inferiores al ritmo de la inflación.

Si bien ese instrumentó quedó en manos de instituciones financieras, en un momento de crisis en el sector, debido a que gran parte de ese capital lo destinan para inversiones en renta variable, entonces encontraríamos un serio conflicto que dañaría severamente el patrimonio de los trabajadores y la actividad económicas nacionales.

Aunque se afirma oficialmente que existen severos controles a las Afores, es muy claro que el riesgo aumenta, conforme se dan fenómenos de concentración de algunas compañías al amparo del gobierno.

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@vsanchezbanos

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