Por Víctor Sánchez Baños
Representantes de las asociaciones mexicanas de Distribuidores de Automotores (AMDA) y de la Industria Automotriz (AMIA) se manifestaron contra el Plan Miranda, que pretende cobrar mil 400 pesos para empadronar los vehículos de procedencia extranjera que circulan por Zacatecas.
Sin embargo, esta entidad es la punta del iceberg del gran problema que existe en el país en torno a los vehículos ilegales llamados “chocolate”. Se estima que existan más de 2 millones de vehículos, tanto para uso doméstico como de transporte de carga y pasajeros en todo el país.
AMIA y AMDA piden al SAT, que encabeza Oswaldo Santín que no premie la ilegalidad, lo cual es correcto desde el punto de vista mora, pero desde el pragmatismo, el gobierno podría cobrar impuestos para legalizar lo que es ilegal. Esto quiere decir que encausar a la legalidad a 2 millones de mexicanos nos da como ventaja el llevar un control, un padrón, sobre esos vehículos, por una parte y captar casi 4 mil millones de pesos en el “Plan Miranda”.
Zacatecas, entidad gobernada por Alejandro Bello, actúa correctamente en esa operación, pero también es importante que se acabe la porosidad de las aduanas y evitar el paso de esos vehículos ilegales; de contrabando, pues.
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