Por Víctor Sánchez Baños

Todo acto de gobierno tiene repercusiones. La cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco tuvo un fuerte impacto en los mercados financieros del país. El Peso tuvo una depreciación importante en comparación con el Dólar debido a la salida de capitales por la decisión que tomaron personas que, en unja mayoría, nunca ha abordado un avión.

La falta de seguridad en el Estado de derecho, por una parte y, por otra, la incertidumbre de miles de millones de dólares invertidos en el país, ponen en riesgo la viabilidad del proyecto económico de la próxima administración.

Alrededor de 80,000 millones de pesos se han invertido, hasta el momento en Texcoco. Se necesitan otros 80,000 millones para terminarlo y contar con un aeropuerto que pondría al país en niveles de infraestructura similares a nuestros competidores comerciales como Estados Unidos y algunos países asiáticos.

El gobierno de López Obrador tomó la decisión de llevar a consulta la construcción del aeropuerto internacional de la sede México. Un solo objetivo perseguía: la ratificación de un mandato que todavía no toma posesión. Al final de cuentas, la consulta fue un acto político, en el cual el Presidente electo pregunta, en la calle, a cualquiera que pase si se construye el aeropuerto en Texcoco o en Santa Lucía. No hay argumentos, sólo emociones.

Así, la gente decidió por Santa Lucía-Toluca-Ciudad de México, con lo que se castiga a la administración del actual presidente, Enrique peña Nieto. Una consulta con voto de venganza. No se escucharon los argumentos técnicos, ni jurídicos, ni mucho menos económicos. El objetivo era apoyar al líder político y próximo presidente.

Es válido en lo político, aunque no tiene ningún fundamento jurídico. Incluso, lo hizo un particular, ya que AMLO aún no es Presidente, por lo que no hay posibilidad de ampararse hasta que sea un acto de gobierno

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