Por Víctor Sánchez Baños
Aunque suena inhumano, desde el punto de vista económico, el mantener el peso de las pensiones de trabajadores sobre las finanzas públicas cancela la oportunidad de destinar más dinero para el beneficio de toda la comunidad.
Sin embargo, los orígenes del sistema de pensiones mexicano, está envuelto en corrupción y desorden. Una gran idea de otorgar beneficio social a través de los servicios médicos, mediante la inversión del ahorro de los trabajadores, fue el Instituto Mexicano del Seguro Social que después fue replicado por el ISSSTE, para la burocracia.
Al paso del tiempo, de ser un sistema modelo internacional se convirtió en un botín para políticos que, de un plumazo, en la administración de Ricardo García Sainz, en el IMSS, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, desaparecieron los ahorros de las pensiones laborales de los derechohabientes.
Al paso del tiempo, para el gobierno federal, como para Estados y Municipios, el ahorro laboral se convirtió en una pesada carga mediante la cual el gobierno tendrá que pagar anualmente, vía fiscal, 211 mil 871 millones de pesos a pensionados que estuvieron incorporados en alguno de los 74 regímenes de beneficio definida.
Según el informe “Política pública de pensiones y jubilaciones” de la Auditoría Superior de la Federación, este mecanismo afecta el desarrollo de la actividad económica.
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