Por Víctor Sánchez Baños
Cifras extraoficiales indican que la economía subterránea representa el 22% del Producto Interno Bruto. Incluso el INEGI estableció en 2014 que en México hay 2 millones 255 mil 204 comerciantes ambulantes, contra un millón 803 mil 468 trabajadores de la educación. Esto significa que es más rentable vender en la vía pública cualquier cosa que ser un asalariado, incluso estar bajo el cobijo de la burocracia.
Ante esas cifras, la conclusión es simple: el esquema económico está agotado y ello lleva, de la mano, el deterioro de las condiciones económicas de toda la comunidad. Un gobierno que tiene una política fiscal recaudatoria y paternalista con los grupos más pobres, no tiene un futuro promisorio, por lo que arrastra a una nación a la mediocridad.
Si las cifras oficiales son correctas, hablamos de un problema fenomenal en materia de economía subterránea. Sin embargo, generalmente estas cifras esconden problemas mayores.
Alrededor del ambulantaje se esconden mafias de burócratas y extorsionadores, que les piden dinero a los comerciantes para colocarse en las vía pública. Este negocio negro genera para los gobernantes cantidades espectaculares de dinero que lo utilizan para su beneficio o para sus “causa” políticas.
El desorden es el camuflaje de la corrupción. Por ello, los políticos estimulan el caos para tener
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