Por Víctor Sánchez Baños
Es evidente que México, luego de gobiernos corruptos e ineficientes, se convirtió en la panacea de la delincuencia mundial. Todo gracias a que es el paraíso de la impunidad, el abuso y la humillación del Estado de Derecho. No hay ley que valga, pues.
Esto te lo platico estimado lector, luego de lo ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo. La muerte de decenas de personas de todas las edades al estallar una toma clandestina de combustible, no hubiera ocurrido si nuestras autoridades (con todas las letras a u t o r i d a d e s), hubieran aplicado la ley y sacado de la zona de peligro a las personas que, en un plan abusivo, robaban gasolina en ese lugar.
Sin embargo, esta es la consecuencia de una cadena de delitos y omisiones. Las perforaciones de los ductos de combustible no son nuevas. Se iniciaron en el sexenio de Ernesto Zedillo, crecieron con Vicente Fox y se dispararon con Felipe Calderón, para institucionalizarse con Enrique Peña Nieto. Miles de millones de dólares se fugaron de las arcas nacionales y se frenó el desarrollo de regiones enteras, para beneficiar a criminales protegidos por políticos.
Los daños a Pemex, que se reflejan en la economía nacional, superan los 20 mil millones de dólares. Algo así como 400 mil millones de pesos, con los que se podrían construir escuelas con equipos de primer mundo; hospitales de tecnología de punta; carreteras sin baches y seguras o simplemente para tener gasolinas baratas.
Si bien Andrés Manuel López Obrador presiona a los huachicoleros para eliminar sus prácticas, es claro que el camino para lograr ese objetivo es largo y no alcanza un sexenio para lograr sus objetivos. Suerte.
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