La extorsión, terror y economía

“Ojalá que la espera no desgaste mis sueños”

Amenazas y, en especial, “ejemplos” de golpes a personas, la destrucción de inmuebles o el despojo de los mismos, se mantiene como una “costumbre” en muchos municipios del país. Terrorismo, al final de cuentas, ya que usan al “terror” como arma para despojar de sus pertenencias a las personas.

Ahora, en esas entidades, consideradas “focos rojos”, que no han podido eliminar esa lacra social, no se atreven a pedir auxilio a las autoridades federales, ya que hay redes de corrupción municipales y en algunos casos estatales, que los protegen.

Con la aprobación de la Ley Contra la Extorsión, que será el tema central del inicio de actividades del Congreso de la Unión a partir del próximo 1 de septiembre, tendrán herramientas para actuar contra la delincuencia. Por si fuera poco, tendrá esa ley un elemento de flexibilidad para su ampliación y modernización.

No se concretará a nada más al castigo de los asaltantes de caminos, extorsionadores de agricultores y empresarios. Irá más lejos, ya que deja en manos de las autoridades locales y del fuero común el tener dientes suficientes para acabar con ese flagelo que no sólo afecta a las víctimas del delito, sino que impacta a la economía de todos los mexicanos, ya que los productores tienen que incrementar en el precio a los consumidores de sus productos, el monto que pagan al crimen.

Entidades como Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, SLP, Veracruz, Querétaro, Edomex, Zacatecas, Morelos, entre otras, han buscado atacar a esos delincuentes, pero con un marco legal insuficiente.

Al final, todos los mexicanos somos las víctimas del crimen organizado y desorganizado, que actúa con impunidad. A nivel federal, de acuerdo a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se sientan las bases para recuperar la tranquilidad del sistema productivo del país. Y, en especial, de los ciudadanos comunes.

PODER: A partir del 1 de septiembre inicia la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, con nuevos ministros presididos por Hugo Aguilar, tendrán la encomienda de definir la justicia para todos. Aguilar estará en el liderazgo por un par de años. La presidencia de ese órgano colegiado se rotará entre los que tuvieron mayor votación en el proceso electoral del pasado junio y también estarán 2 años en el liderazgo. El cargo de ministro durará 12 años, en lugar de 15 como anteriormente estaba estipulado en la Constitución. Abogados estiman que el proceso de enseñanza de los nuevos ministros, magistrados y jueces en el ámbito federal, así como magistrados y jueces en 17 estado del país, generará un importante rezago en expedientes. Además, con una política de austeridad con la que iniciará esa administración judicial, no adquirirán equipos de computo eficiente. Tampoco se abrirán más sedes para agilizar el proceso de la justicia en México.

DINERO: El grupo Aeroportuario del Centro Norte, que lidera Ricardo Dueñas, invertirá en optimizar las instalaciones de los aeropuertos de Zihuatanejo y Acapulco. El primero, para impulsar el turismo de playa y el segundo, para recuperar un balneario para eventos de la talla del Abierto Mexicano de Tenis o el Tianguis Turístico. Sobre el tema aeroportuario, Claudia Sheinbaum inauguró el onceavo módulo remodelado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acompañado del director almirante Juan José Padilla, con miras al Mundial 2026. Se prevé concluir los trabajos en mayo de 2026 y reanudarlos en agosto hasta fin de año

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA: Por quinto año consecutivo, Industrias Peñoles, que lidera Alejandro Bailleres Gual, obtuvo la distinción del Índice Integridad Corporativa 500 (IC500). Logró la máxima puntuación en la evaluación de sus políticas anticorrupción códigos de ética.