Columna del día
Gobierno quebrado y jubilaciones: intrigas en Chihuahua y el dilema de la 4T
La reforma constitucional promovida por Claudia Sheinbaum para reducir las llamadas pensiones doradas abre un debate que trasciende a la austeridad gubernamental: ¿hasta dónde puede el Estado modificar jubilaciones previamente reconocidas por la Constitución, sin vulnerar derechos adquiridos? Medidas neoliberales de un gobierno de izquierda, contra la clase trabajadora. La reforma al artículo 127 constitucional, publicada el 10 de abril de 2026, establece un límite equivalente a la mitad de la remuneración presidencial, aproximadamente 70,000 pesos mensuales, para determinadas jubilaciones financiadas con recursos públicos. ¿A quiénes afecta? Principalmente a extrabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, banca de desarrollo, organismos descentralizados y otras entidades públicas. No constituye un recorte general a las pensiones del IMSS, ISSSTE ni a los apoyos universales del Bienestar. Existen excepciones expresas, entre ellas las Fuerzas Armadas y determinadas pensiones financiadas mediante aportaciones.
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