Rapiña presupuestal de Morena contra el INE: recortes millonarios, pugnas en Morelos y reacomodos en Uruapan

El recorte presupuestal de entre 5,000 y 6,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2027 se ejecuta de forma exclusiva a través de la Cámara de Diputados, bajo el respaldo del Poder Ejecutivo y en medio de señalamientos de irregularidades en contratos.

Los recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral los impulsan MORENA y aliados en la Cámara de Diputados, y se articulan con exigencias públicas de austeridad por parte de la presidente Claudia Sheinbaum.

El contexto de crisis interna del instituto, tras exhibir a la hoy expresidente Guadalupe Taddei en negocios ilegales y corruptos en contrataciones, abre ventanas de una política ruin del gobierno de la Cuarta Transformación, que tiene como único objetivo el debilitamiento del árbitro electoral que los mexicanos fortalecimos con muchos esfuerzos y sacrificios en décadas de antidemocracia.

El proceso electoral de 2027 ya está en marcha. Los recortes llegan cuando el instituto necesita recursos para capacitación de funcionarios de casilla, instalación de casillas, módulos de credencialización, fiscalización y coordinación con órganos locales.

Aunque la narrativa oficial es de austeridad y eliminación de “privilegios” y “coyotes electorales”, lo cierto es el debilitamiento deliberado del árbitro autónomo: menos recursos operativos, erosión de la capacidad técnica y moral, y mayor dependencia o vulnerabilidad frente al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo mayoritario.

Las consecuencias de esos recortes, es lamentable. Se elimina la capacitación electoral para más de 50 mil capacitadores y supervisores.

Menos recursos se traduce en menos personal, menor calidad o cobertura incompleta de la capacitación, lo que eleva el riesgo de manejo corrupto de los datos en la jornada, inconsistencias en el llenado de actas o problemas en el cómputo. Y, mucho más.

También tendrá un fuerte impacto en módulos de atención ciudadana, actualización del padrón y credencialización, materiales electorales, logística de casillas y fiscalización. Al descontar el financiamiento a partidos, el margen operativo del instituto se estrecha significativamente. Los riesgos institucionales y democráticos aumentan, ante un evidente deterioro de la calidad y legitimidad percibida de la elección.

Mayor presión laboral interna, posible fuga de personal calificado, retrasos o improvisaciones.

En el mediano plazo, erosión de la autonomía real del órgano electoral y de la confianza ciudadana en el árbitro, especialmente si se percibe que los recortes son selectivos o punitivos. LOS ZOPILOTES Estas acciones gubernamentales, de MORENA, llevan a la inanición del Instituto Nacional Electoral para controlarlo e inclinar la balanza en favor del oficialismo.

Los recortes en los momentos de mayor crisis del instituto, llaman a una acción premeditada de destrucción del árbitro electoral, lo que se viene arrastrando desde el llamado plan b de Andrés Manuel López Obrador. Debilitar a los contrapesos del Poder Ejecutivo.

La narrativa gubernamental hace que se combine la asfixia financiera y la deslegitimación política, lo que contribuye a un escenario de mayor vulnerabilidad y menor calidad del proceso. Todo se perfila a un robo encubierto.

Ya empezaron los actos de rapiña. Por un lado Claudia Sheinbaum, quiere dejarle el negocio a Talleres Gráficos de la Nación, que dirige un incondicional de Claudia Sheinbaum, Arturo Chávez López.

La repartición del botín fue evidente y por el otro, desde Palacio Nacional, la diputada Marylin Gómez Pozos, de MORENA, cobijada por Luisa María Alcalde, metió a fondo el cucharón.

Le quitó al Instituto Nacional Electoral 20 millones de pesos para transferir recursos al ramo 21 de turismo; otros 362 millones para la atención integral de mujeres, en la Secretaría de Bienestar; así como reasignaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y órganos de administración judicial por más de 72,000 millones de pesos.

Ah, en la rebatiña de los despojos financieros del Instituto Nacional Electoral, Reginaldo Sandoval se quedó con 68 millones de pesos para un organismo bajo su jurisdicción. No le dieron gubernaturas, pero sí le dieron un cheque en efectivo y sin necesidad de comprobación. La zopiloteada está al ritmo de la Marcha de Zacatecas.

PODEROSOS CABALLEROS

Ya no hay la menor duda. Grecia Quiroz, la viuda que heredó la alcaldía de Uruapan, Michoacán, tras el asesinato de su esposo Carlos Manso, ya se alió a Movimiento Ciudadano. Dicen las malas lenguas que es la línea que le marcaron en las recientes visitas a Palacio Nacional.

Estar cerca de la franquicia de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano. Así acaban con el feudo de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán, y su delfín Carlos Torres Piña. Una estrategia para derrumbar a la vieja guardia de MORENA y limpiar el camino a los cuadros de Claudia Sheinbaum.

La presencia de Grecia Quiroz en Monterrey, en días pasados, en el informe como senador de Luis Donaldo Colosio, fue una señal. Estuvo la crema y nata de los políticos emecistas de Jalisco, encabezados por Verónica Delgadillo, Quirino Velázquez y Mónica Magaña. El problema es la creciente debilidad de los naranjas en todo el país.

El mismo Luis Donaldo Colosio está de capa caída. Los casos de Sonora y Campeche denotan más debilidad.

Buena mancuerna hacen Higinio Martínez, líder del Senado de la República, y Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de MORENA en la Cámara de Diputados, quien presentó en la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas para erradicar la corrupción y la impunidad e impulsar una reforma integral en esta materia.

Ambos dejaron ver que el sistema anticorrupción de la Cuarta Transformación no ha funcionado y solo ha servido para un discurso que nadie cree.

Y, esta es la clave: “Queremos poner el foco en el funcionamiento de las fiscalías anticorrupción, tanto la Fiscalía Anticorrupción que está a nivel federal como de las Fiscalías Anticorrupción de los estados, no para darle autonomía constitucional, pero sí para darles fortaleza, para darles mayor capacidad de trabajo”, dijo el zacatecano. ESTADO POR ESTADO: En Morelos, la gobernadora por MORENA, Margarita González Sarabia, sabe perfectamente que un escrutinio mediante la revocación de mandato no pasaría ni de panzazo. Por ello, envió a su secretario de gobierno, Edgar Maldonado, a amenazar a alcaldes para impedir que se realice el sondeo.

En especial amenazó a 24 de los 36 alcaldes de la entidad. Esos fueron los que aprobaron inicialmente la reforma. La amenaza es retirarles obra y emprender acciones judiciales contra ellos o sus familias. Desesperada la gobernadora. Nos comentan desde Tijuana que se enfrió la relación entre