Por Víctor Sánchez Baños
El representante legal de la API de Manzanillo, Bernardo Guzmán Zavala, pide la publicación de una carta aclaratoria de 68 líneas a nuestro comentario, de sólo 5 líneas, del miércoles pasado que se tituló “Peralta y API de Manzanillo, escandalo penal”, tema con el que legisladores de Morena y PAN en el Congreso de Colima, encararon el jueves pasado al gobernador Ignacio Peralta en su informe. En esa columna mencionamos instituciones; no empresas. Informamos sobre quejas que hay en el Órgano de Control Interno de Puertos, lo que está del conocimiento del actual secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, así como de Javier Jiménez Espriú, próximo titular de SCT con Andrés Manuel López Obrador. Guzmán, asegura que la concesión a la empresa Logística de Fluidos y Graneles, se realizó en “estricto apego a derecho y legalidad en cuanto a la Ley de Puertos y su Reglamento se refiere”. No aclara el apoyo de Ignacio Peralta, en favor de Salomón Issa Tafich, dueño de Fluidos y Graneles y de SIMSA, que “ganó” proyectos similares en Tuxpan y Altamira, con el reconocimiento del director de Puertos de SCT, Alejandro Hernández Cervantes y el director de la API Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau. Ricardo Martínez Suárez, director adjunto de Proyectos Marítimos, reconoció a empresarios de Porter FG México (que tampoco habíamos mencionado), que el gobernador Peralta presuntamente le pidió al director de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, que “de favor” diera la concesión de distribución de gases de la API de Manzanillo, a Fluidos y Graneles, a pesar de no ser propietario, en ese momento de terrenos colindantes a la API en la Laguna de Cuyutlán, Colima, como ordena la ley. Era de un particular, Jesús Ramón Álamo Navarro. Todos los documentos que amparan mi comentario están a disposición de cualquier autoridad judicial o administrativa. No obro de mala fe, sino en base al interés público de acabar con abusos e impunidad de funcionarios gubernamentales. Por cierto, Guzmán pide que se publique su carta integra, aunque los hechos a que se refiere, nada tienen que ver con nuestro comentario, excepto la queja mencionada ante el OIC y que en la SCT conocen muy bien. Además, pide cancelar la columna on line, por “falsa y totalmente desapegada de la realidad”, lo que es un insulto a mi profesionalismo de 40 años de ejercicio periodístico. Son una injuria y una calumnia tipificadas por el Código Penal. Además, eso sólo lo puede ordenar un juez, señor abogado.
NUEVO LEÓN: Un millón 250 mil mexicanos que viven en Monterrey, se quedaron sin gobierno. El TEPJF anuló los comicios de julio pasado por graves anomalías y en diciembre se citó a elecciones extraordinarias. En un acuerdo cupular, PRI y PAN, los partidos en disputa dejaron de encargado a Genaro García. El priista Adrián de la Garza, busca su reelección y Felipe de Jesús Cantú del PAN, quiere el puesto y no quiere al encargado ya que es el equipo de De la Garza. Un chismerío, que impide la gobernabilidad del municipio.
@vsanchezbanos
