El Senado de la República en acciones y prevención, aprobó un punto de acuerdo, que exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a fortalecer su labor integral, para reducir todo el riesgo de violencia al cual están expuestas las niñas y mujeres.
La Comisión Para la Igualdad de Género elaboró un dictamen que expresa que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y una violación de sus derechos humanos.
El 35 por ciento de las mujeres a nivel mundial han sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual por parte de su pareja, familiares o terceros, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Tan solo en México, 63 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han padecido de la violencia, sea por parte de su pareja o algunas otras personas, incluso por otra mujer. Entre las más vulnerables se encuentran las mujeres entre 30 y 39 años.
El dictamen, incluye a las niñas como miembro de la comunidad particularmente vulnerables a la violencia y el abuso, especialmente por los miembros dentro de su núcleo familiar. Estas están expuestas a mayor riesgo de sufrir daño físico y psicológico.
El abuso es evidente en América Latina y el Caribe, con más de seis millones de niños, niñas y adolescentes viviendo en circunstancias tan hostiles; 80 mil mueren cada año por causas relacionadas con la violencia doméstica.
Entre los puntos de acuerdo aprobados, destacan el exhorto al Congreso del estado de Yucatán a modificar su legislación en materia de paridad de género, y dar conformidad al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El dictamen aprobado, refiere que actualmente en el país 11 entidades federativas tienen la paridad en sus marcos electorales estatales; a pesar de que desde 2014 la reforma político electoral dio rango constitucional a la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas en los ámbitos federal y nacional.
Desde el 2014 se dio rango constitucional a la paridad entre hombres y mujeres, esto se encuentra dentro de la reforma política electoral. A pesar de esto, tan solo 11 entidades federativas incluyen en sus estatutos estatales a este marco electoral.
