Por Victor Sánchez Baños

Es definitivo. Se debe acabar con una práctica que se impulso desde la Secretaría de Hacienda, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Generar facturas para justificar gastos y evadir impuestos. Esto, estaba dentro de la ley. Sólo que era una estrategia de empresas con el único fin de defraudar al erario. Aquí se configura el delito de asociación delictuosa y fraude calificado.

Esto dejó daños al erario por más de 300 mil millones de pesos anuales. Tan sólo el año pasado se detectaron operaciones que dañaron el desarrollo del país en todos los sectores y sólo se enriquecieron pillos que controlaban varios sectores productivos del país.

Sin embargo, a la llegada de María Luisa Ríos Farjat, al SAT encontró que desde ahí era donde se constituían empresa fantasma para ese único objetivo. Protegidas por el gobierno y la secretaría de Hacienda, pues.

Esto no ha terminado. Todavía existen y siguen generando un cuantioso daño a las estructuras económicas del país.

Pero, con la nueva ley antifactureras existe el riesgo de castigar a delincuentes como a empresas inocentes. Hay errores que no son de maña fe y ello se ve a simple vista. Por ello esa ley debe ser totalmente específica y no cometer injusticias fiscales.

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