Por Víctor Sánchez Baños
Andrés Manuel López Obrador, instrumentó un mecanismo para tener un control sobre los gobernadores, quienes son virreyes en los estados que gobiernan. Se trata de los llamados super delegados, quienes tendrá funciones políticas y financieras; en la realidad usarán plataformas del gobierno federal para convertirse en gobernadores.
Es un juego político que pone la piel de gallina a los gobernadores. Saben que tendrán a un político que no electo democráticamente, pero tendrá todo el apoyo del Presidente de la República quien le cumplirá todos sus caprichos en aras de obtener más gubernaturas y lograr el control político total del país. Es una estrategia de corto plazo para aniquilar a la oposición regional.
Sin embargo, este afán de poder tiene un costo financiero. Llevarán maletas de dinero para convertirse en los “santa clauses” de sus entidades. Para lograr votos en las fututas elecciones, tendrán que derramar recursos a sectores populosos, mismos que no darán recibos, sino se creará bajo un esquema similar al que usaba Luis Echeverría a principios de los setentas: dinero a granel a grupos campesinos, obreros y urbanos, a fin de controlarlos. Tardamos los mexicanos 4 décadas para acabar con ese clientelismo.
En fin, el costo de este mecanismo, será de casi el 8% del presupuesto. Mas de 600 mil millones de pesos serán destinados para hacer política asistencialista y sin generar beneficios de retorno. Con nuestros impuestos se consolidarán nuevas fortunas y, fundamentalmente, más poder para la nueva casta que llegará a asentarse en los palacetes de gobierno.
Por cierto, se estima que la gran disputa está en 800 mil millones de pesos que representan las participaciones a Estados y Municipios, que son discrecionales en el actual esquema presupuestal. El próximo sexenio, será peor.
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