Por Víctor Sánchez Baños
La inversión para garantizar la seguridad de los productos del campo, es de 286 millones de dólares diarios, enfocada principalmente a la seguridad ambiental, seguridad toxicológica y la eficiencia agronómica.
Sin embargo, en el campo mexicanos hay una economía paralela en materia de plaguicidas, basados en productos adulterados, reetiquetados, falsificados o con documentación falsa. Este mercado, según los productores del campo, ascendería a dos veces el mercado legal. Esto significa, poco más de 500 millones de dólares anuales.
Obviamente, esos insumos agrícolas falsificados o adulterados ocasionan graves daos económicos, sociales, ambientales y representan un grave, pero grave, peligro a la salud de los agricultores y de quienes consumen esos alimentos.
No hay, en el gobierno mexicano, ni en ningún otro país de América Latina, mecanismos de control para detectar en forma inmediata esos productos y sacarlos del mercado. Gran parte de esos productos provocan daños a la salud que van desde alergias hasta cáncer, que irremediablemente lleva a la muerte de quienes consumen en sus mesas esos alimentos y a los que las producen.
Aunado a todo lo anterior, es la severa contaminación que tarda entre 200 y 500 años en recuperarse, al perjudicar cultivos enteros y el rechazo de los consumidores internacionales que detectan, materialmente de inmediato, si la mercancía (frutas, legumbres y otros productos del campo) afectados por esas substancias tóxicas.
Actualmente, México ocupa el tercer lugar en producción agropecuaria en América Latina y el 12 en el mundo. La participación del campo en el PIB nacional es del 4% y el 63$ del PIB total de las actividades primarias.
Por ello, debemos crear una estructura que defienda nuestra producción agropecuaria, por una parte, y la salud de consumidores y productores, por otra.
poderydinero.mx
@vsanchezbanos
