Por Víctor Sánchez Baños
Las deficiencias en la persecución de delitos como el lavado de dinero y la extinción de dominio, se quedan en la buena voluntad del Ministerio Público y de los jueces. Envueltos en esos delitos y la forma de proteger el patrimonio social, mediante la confiscación de bienes, para la clase política queda como letra muerta.
Especialistas consideran que el lavado de dinero se mantiene fuera del sistema judicial cuando hay varios delitos que perseguir dentro del mismo juicio. Por ello, es fundamental prevenir estas prácticas a través de certificaciones para los oficiales que se desempeñan en la materia para evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Además, los jueces, cuando hay casos que involucran lavado de dinero, no castigan ese delito, cuando existen otros delitos alrededor de ello. También la corrupción y la impunidad sigue afectando a todos los sectores.
La Ley de Extinción de Dominio también es lera muerta. Por ejemplo, en caso de funcionarios públicos rateros o que trafican de influencias, reciben regalos, tiene propiedades con prestanombres, dinero en efectivo. Eso es lavado de dinero y no investigan ese delito.
Si vamos a las cifras, hay estimaciones, ya que no hay datos oficiales, que el lavado de dinero de funcionarios públicos, de todos los partidos políticos, podría ascender a más de 700 mil millones de pesos anuales, que se roban del presupuesto u obtienen como “moches”. Ese dinero se va a paraísos fiscales o a empresas especializadas en ello, que investiga la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda.
Poderydinero.mx
@vsanchezbanos
