Por Víctor Sánchez Baños

Quizá pocos se dieron cuenta del oneroso proceso de las llamadas precampañas de los candidatos presidenciales y de la recolección de firmas de los aspirantes independientes. Mientras usaron los medios electrónicos para atraer la atención del electorado, bajo la hipócrita Ley Electoral que habla de buscar el interés de los militantes y adherentes de los partidos políticos, usaron cientos de millones de pesos en otro tipo de actividades propagandísticas tanto en los medios tradicionales, pero especialmente a través de las redes sociales.

Aparatos sofisticados de asesores, cuartos de guerra, especialistas en imagen, generadores de contenidos en redes sociales, así como analistas, se instalaron y empezaron a funcionar. El objetivo es impulsar a los candidatos y descalificar a los contrarios. Todos los partidos políticos participan en ello.

Mientras tienen una cantidad ridícula para hacerse promoción, de acuerdo al INE, éste se hace de la vista gorda ante los gastos estratosféricos de todos los aspirantes presidenciales. Claro, se hace de la vista gorda para eludir las leyes electorales y mantener los privilegios presupuestales que cuenta a través de los años. No quieren poner en riesgo más de 20 mil millones de pesos anuales, en años electorales como en los NO electorales.

Al paso del tiempo, sólo vemos que los partidos políticos se convierten en una carga financiera para el resto de la sociedad y, para no eludir el número de pesos gastados en estas precampañas, podrían estimarse extraoficialmente en más de 500 millones de pesos por cada partido, cuando el límite es de escasos 80 millones.

Nuestra democracia es cara, aunque mas caro nos saldría no tenerla.

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@vsanchezbanos

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