Por Víctor Sánchez Baños

Los trenes del país ruedan sobre durmientes fracturados, tornillos vencidos, rieles ondulados, lo que pone en peligro la vida de pasajeros, tripulantes y de miles de millones de pesos en mercancías.

Empresarios se niegan a utilizar ese sistema de transporte, ya que a lo anterior se suma la ola de asaltos de multitudes que saquean cientos de toneladas de alimentos, fundamentalmente, y en otros casos son “pedidos especiales” de ladrones especializados en mercancías como combustibles o cargas de electrónicos.

Desde hace al menos 7 años, la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados alertó sobre el peligro de los asentamientos irregulares aledaños a las vías del tren.

Precisamente en la Gaceta Parlamentaria del 15 de diciembre de 2011, se menciona, tras denuncias de empresarios e información de los cuerpos de seguridad pública que: “El uso indebido del derecho de vía por asentamientos humanos irregulares pone en riesgo la integridad de las personas y sus bienes. Además, el crecimiento de las ciudades por falta de un adecuado ordenamiento territorial, ha provocado una importante demanda de espacios para viviendas que, al no tener alternativa, invaden el derecho de vía, lo cual constituye un problema que las entidades federativas no tienen capacidad de regular y que, por tanto, corresponde a la Federación vigilar que tales factores no afecten la operación segura del sistema ferroviario de nuestro país, para que la SCT actúe de manera expedita para garantizar el objetivo de la ley”.

El saqueo y los accidentes dejan pérdidas anuales superiores a los tres mil millones de pesos y no hay forma de contenerlos, ya que no hay inversión para renovarlos rieles, ni para colocar seguridad en los mismos.

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