Por Víctor Sánchez Baños

Las concesiones gubernamentales se agotaron, por la supervisión de órganos anticorrupción. Por ello buscaron otros esquemas donde los gobiernos se desentienden de sus responsabilidades en la construcción y mantenimiento de infraestructura. Convierten en un jugoso negocio para particulares, obras de infraestructura como autopistas, carreteras, pasos a desnivel, hospitales, parques industriales y muchos más, mediante el esquema de Asociaciones Público-Privadas, llamadas APP.

No es criticable la participación del sector privado en la construcción. Lo que es censurable es que se den negocios como las concesiones que recibió OHL y otras empresas privadas ligadas a estructuras gubernamentales o a la clase política, cuyas utilidades se sacan, literalmente, del bolsillo de todos los mexicanos.

Es un impuesto indirecto y oneroso. Si bien hay obras que son gratuitas como una parte del segundo piso de la Ciudad de México, a diferencia del llamado Viaducto Bicentenario, el sobreprecio para su construcción es brutal.

La obligación de los gobiernos es ofrecer infraestructura suficiente para generar bienestar a sus gobernados. Los gobiernos no deben tener utilidades financieras, aunque sí generar utilidad a la sociedad. Gobiernos de países escandinavos e incluso Alemania, los impuestos son altos, pero (como ocurre en Finlandia donde pagan el 50% de impuestos de todos los ingresos), pero no hay autopistas de paga, ni escuelas privadas u hospitales donde se pague por el servicio. El anciano recibe un trato digno después de servir a la sociedad toda su vida. Justicia social, pues.

Todos esos servicios son de excelencia. Son países socialistas de verdad, no como Venezuela o Bolivia, donde reparten equitativamente la miseria.

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@vsanchezbanos

 

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