Por Víctor Sánchez Baños

Las reglas impuestas por el Instituto Nacional Electoral, sobre límites a los topes de campaña, es un acto totalmente hipócrita.

Ninguno de los precandidatos lo respeta. Hay maniobras que están prohibidas, desleales o son ilegítimas. Todo en el afán de obtener el poder y la llave del dinero del presupuesto para lograr beneficios para su grupo o personales.

Uno de los sistemas más reglamentados, en materia política pero especialmente económica, para los procesos electorales, es el mexicano. Pero, en todas las elecciones se viola la ley y, por si fuera poco, hacen alianzas con grupos que están fuera de la ley.

Las elecciones costarán casi 30 mil millones de pesos en los niveles federal y estatales. Esto independientemente de dos factores: el presupuesto anual del INE (de 14 mil millones de pesos) y los institutos electorales locales, que juntos suman más de 10 mil millones de pesos. El otro factor es el dinero que, por fuera, destinan para la compra de votos. Ninguno se salva, claro de los cuales tienen alguna posibilidad de triunfo.

La burocracia alrededor de las elecciones, su control y vigilancia, nos cuesta a los mexicanos mucho dinero. Sin embargo, la credibilidad, que se refleja en las inversiones y la generación de bienestar, está por los suelos. Es una democracia débil y el sistema electoral, materialmente, nadie le tiene confianza.

Urgen cambios en las leyes electorales y dejar que el financiamiento no sea a través de los presupuestos estatales o federal. El dinero oficial, supuestamente, es para no contaminar las elecciones con dinero del crimen organizado. Hoy sabemos que pese a las leyes, las elecciones y los gobiernos están contaminados.

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