Por Víctor Sánchez Baños

Ante el crecimiento de las extorsiones en todo el país, en San Lázaro, el grupo priista busca incrementar la pena inconmutable de cinco a ocho años de cárcel, a quienes cometan el delito de extorsión. Pero, eso es insuficiente. Las penas deben ser superiores para imponer castigos ejemplares.

Son más de ocho mil 945 casos de extorsión, como quedó plasmado en la Cámara de Diputados, por cada 100 mil habitantes.

Se trata de delincuencia organizada. Se trata de un abuso que, mediante amenazas de causar un daño físico, usando armas o instrumentos peligrosos o equipos de comunicación móvil, o cualquier otra forma de extorsión, obligue a otro a dar alguna cantidad de dinero para evitar un perjuicio, con que se coacciona un provecho indebido para sí o para otra persona.

En el 2016 se cometieron 31.1 millones de estas acciones, que generaron una pérdida económica estimada en mil 104 millones de pesos. Sin embargo, los delincuentes que cayeron en manos dela justicia, simplemente fueron enviados a cárcel y en la mayoría de los casos salieron en libertad.

Esto debido a que no es considerado un delito grave. Sin embargo, causa daños severos en la economía y tranquilidad de familias anteras. Según organismos privados, alrededor de del 27% de los casos de extorsión son denunciados. El resto mantienen intimidados a las víctimas. Esto lleva a que las estadísticas establecen que, con la captura de un delincuente, se abren redes de víctimas que denuncian posteriormente.

Mayores penas, terminan con este lucrativo negocio de la delincuencia organizada.

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@vsanchezbanos

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