Por Víctor Sánchez Baño
Cientos de edificios dañados severamente por el sismo del pasado 19 de septiembre, mismos que por seguridad deben ser demolidos, están a subasta.
Sí, las autoridades de las delegaciones políticas en la Ciudad de México y de ayuntamientos de Morelos, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Estado de México, se “ponen de acuerdo” con los propietarios para evitar las demoliciones y hacer únicamente algunos “arreglitos”, para después volver a rentar casas, oficinas o departamentos, que en otro sismo intenso pueden desplomarse.
Si se demuelen tendrán que invertir en construcciones más sólidas y tardarían en colocarlos en renta. Hoy es evidente la miseria humana de aquellos que, aún conociendo la precariedad de los inmuebles, y por unos cuantos billetes, no se tiendan el corazón para poner en riesgo de muerte a quienes son sus inquilinos. Pero lo peor es el contubernio con autoridades municipales o delegacionales.
Mientras se han enriquecido cientos de políticos y constructores, cientos de personas murieron en los sismos. Pero las dudas se incrementan para conocer cuántos son los edificios, escuelas oficinas, centros comerciales, casas, departamentos, que están a punto de desplomarse por la corrupción oficial y de quienes pretenden estirar al máximo sus ingresos.
¿Cuántas personas están en riesgo real de morir por esas la corrupción e impunidad?
Quedó demostrado en septiembre que la corrupción e impunidad también asesina.
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@vsanchezbanos
