Por Víctor Sánchez Baños
De acuerdo a información de la Cámara de Diputados, en los últimos 10 años han desaparecido en México más de 30 mil personas, de las cuales una tercera parte son menores de edad y adolescentes de recién nacidos hasta 19 años de edad, lo que coloca al país en los primeros sitios a nivel mundial por violencia contra este sector.
Abunda un informe legislativo que de siete mil 211 menores y adolescentes que permanecen sin localizar, 64.73% oscilan entre los 15 y 19 años; 26.4%, entre 10 y 14 años; 5.5%, entre los 5 y los 9 años, en tanto que 6 por ciento tiene de 1 a 4 años de edad.
El doloroso camino que necesitan transitar los familiares de los desaparecidos, está plagado de corrupción e infinidad de obstáculos jurídicos. Uno de ellos representa el esperar 48 horas, después de la desaparición para iniciar cualquier procedimiento para investigar el caso. Se pierden horas valiosas para dar con el paradero de las víctimas.
Esto ocurre materialmente en todo el país. La atención a las víctimas de esos delitos es lenta y burocratizada.
A pesar que las 32 procuradurías estatales y la General de la República, destinan decenas de millones de pesos para localizar a miles de personas, desafortunadamente sólo el 17% son halladas y de éstas menos de la mitad con vida. Una vez más tenemos justicia lenta, burocratizada y onerosa, en base a los resultados.
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@vsanchezbanos
