Por Víctor Sánchez Baños

Hace unos días, se puso a consideración de la Comisión Permanente, el dictamen sobre seguridad inmobiliaria ante el exponencial crecimiento de desarrollos irregulares que se están dando en esta Ciudad de México, bajo la complacencia de sus autoridades encabezadas por Miguel Mancera.

Para dimensionar la magnitud de la problemática, basta señalar que tan sólo en el año de 2016, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, recibió más de mil 217 denuncias por violaciones al uso de suelo, lo que representa investigaciones por más de 7 mil millones de pesos.

Las principales irregularidades en las que incurren las empresas inmobiliarias, están relacionadas con la construcción de más niveles de los que autoriza el reglamento, lo que provoca escasez de agua potable y las deficiencias en la prestación de servicios públicos, también representan un riesgo para la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos.

Quedó demostrado que la falta de coordinación entre las autoridades de la Ciudad de México ha sido aprovechada por las inmobiliarias para violar las normas de construcción aplicables.

En los últimos años se disparó la construcción de cientos de edificios de apartamentos en la CDMx. Sin embargo, no crecieron de la misma manera la forma de dar servicios de comunicación (calles y avenidas), agua potable, drenaje, entre otros. Además, las grandes firmas inmobiliarias, tampoco ofrecen servicios de evacuación de los inmuebles, en caso de fuego o terremoto. Un caos.

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