Por Víctor Sánchez Baños

No asunto menor. Un millón de personas, en México, trabajan en labores domésticas. Se trata de un mercado de alrededor de 100 mil millones de pesos anuales, que no está regulado. Son seres humanos que, en la gran mayoría de los casos, son explotados hasta la esclavitud.

No se respeta edad, ni sexo, ni mucho menos la legislación laboral. Simplemente, las autoridades laborales de hacen de la vista gorda en estos casos de explotación.

Los salarios son menores al mínimo, no gozan de prestaciones “de Ley, muchas veces les pagan en especie y en algunos casos, ni siquiera les pagan, los tienen secuestrados en casuchas insalubres y, a penas, les dan de comer.

Aunque no hay estadísticas, debido a que no son temas relevantes para el INEGI, los accidentes “laborales” de los trabajadores domésticos, no son atendidos por los patrones. Por el contrario, los abandonan en hospitales públicos, donde esos trabajadores deben pagar sus curaciones.

De acuerdo a datos proporcionados al poder legislativo, los contratos son de palabra, y solo 4% firma un documento con acuerdos laborales que los respalden. En caso de enfermedad, sólo a 4 de cada 10 se le permite faltar sin que haya un descuento en su percepción; el resto sabe que si no asiste no tendrá goce de sueldo, por lo que cerca de 8% de estas personas labora aun si está enferma.

En pocas palabras, son un sector productivo, pero explotado brutalmente sin que el Estado se interese en ese medio millón de personas, muchas de ellas menores de edad, a menos que estén en edad de votar.

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