Por Víctor Sánchez Baños

De acuerdo a datos de la Condusef, el 36% de los usuarios de seguros en el país han tenido una mala experiencia con esas empresas por la falta de pago, el retraso del mismo y por la lentitud en los procedimientos.

Quedó al descubierto que hay varios ajustadores de esas empresas que reciben “compensaciones” por evitar el pago de las primas a los beneficiarios de esos servicios. Pese a que existen esas mafias, las empresas se amparan en el hecho que “algunos” pretenden defraudarlos.

Al final de cuentas, encontramos una larga lista de abusos cometidos en este productivo negocio.

Sin embargo, varios de los promotores de esas empresas, cortos de vista, no se dan cuenta que al cumplir con las contraprestaciones pueden lograr beneficios importantes como el incremento en el número de usuarios de esos servicios.

Los mexicanos necesitamos que todos, absolutamente todos los vehículos en el país estén asegurados contra daños y lesiones a terceros.

A principios de milenio, en la Ciudad de México, Andrés López Obrador, se pretendió hacer obligatorio su uso, pero desafortunadamente por razones demagógicas se canceló la iniciativa. El costo era de apenas 223 pesos en promedio. Así se hubieran ahorrado grandes sumas de dinero en servicios públicos de salud, pago de gastos funerarios en personas de escasos recursos y la reparación de daños. Hoy, todos estamos indefensos en la capital del país.

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