Por Víctor Sánchez Baños
Alrededor de dos centenares de comercios y tiendas departamentales fueron saqueadas a inicios de enero, por grupos de bandoleros que supuestamente protestaban por el incremento de los combustibles.
Los saqueos callejeros fueron totalmente impunes, aunque las autoridades del fuero común anunciaron que fueron detenidos casi un millar de saqueadores, cuyo destino jurídico nunca se definió.
Tiendas como Coppel, Elektra, Sams, Cotsco, Soriana, Chedraui, Walmart, entre otras, fueron saqueadas incluso hasta por policías uniformados. El monto se lo robado ascendió a más de 50 millones de pesos.
Todo esto te lo platico estimado lector debido a que no se tomaron medidas fiscales de apoyo a las víctimas de esos saqueos. Simplemente delincuentes, algunos protegidos por partidos políticos de todos los colores, robaron y, hasta hoy, no devolvieron nada.
El gobierno, que tiene la responsabilidad de proteger a la ciudadanía y sus pertenencias, no cumplió con esa obligación y no pagó las indemnizaciones correspondientes, como en algunos casos no cubren ni los seguros.
La impunidad en este tipo de hecho y, especialmente, la falta de reparación del daño, son señales que inhiben la inversión en el país y crean un clima de miedo, e incluso pánico, entre la comunidad.
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