Por Víctor Sánchez Baños
En el país murieron 5 mil 886 personas en 2014 por percances automovilístico. Las estadísticas indican que tenemos una tasa de 13.3 muertos por cada 100 mil habitantes, porcentaje que colocó a nuestro país en la posición número 20 de 32 naciones del continente americano.
Esto evidencia el fracaso de las cotosas campañas de prevención de accidentes. Son, por una parte insuficientes y por la otra, onerosas. Se gastan alrededor de 400 millones de pesos anuales en campañas viales en los niveles municipal, estatal y federal. Sin embargo, no han logrado sus objetivos ya que no son claras y contundentes.
Independientemente de las sanciones que se imponen a los conductores por transitar a exceso de velocidad, drogados, alcoholizados o distraídos con celulares, que son las principales causas de accidentes en el país, nada funciona.
En materia de multas, en todo el país se tiene un estimado de 8 mil millones de pesos anuales que se captan. En una política recaudatoria o de negocios sucios de los políticos que entregan a particulares la cacería de conductores que violan el reglamento de tránsito, ni un peso se regresa a la comunidad para la educación vial.
De acuerdo a datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), la principal problemática en las entidades federativas corresponde a la falta de interés político y ausencia del tema en sus agendas públicas. En pocas palabras están interesados en multar en lugar de prevenir muertes.
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