En el país existen 112 Pueblos Mágicos. Localidades en diversas entidades del país que tienen como peculiaridad de ser pintorescos, tener historias, leyendas o haber sido el marco de hechos históricos. En fin, pueblos que se deben visitar con fines turísticos.

El Programa de Pueblos Mágicos, que lleva de la mano varios millones de pesos que reciben sus alcaldes para mantener el nivel de atractivo de esas localidades y, especialmente, beneficiar a sus habitantes.

Sin embargo, el presupuesto para un noble fin, se convirtió en un botín para los políticos. Aunque habrá una reducción del 63.8% al presupuesto de pueblos mágicos, luego de pasar de 5 mil 211 millones de pesos en 2016 a 3 mil 497 millones para 2017, ese dinero se lo diputan a sangre y fuego los alcaldes.

Cada una de las localidades reciben un promedio de 70 millones de pesos y, en lugar de utilizarlo para el beneficio de la comunidad y darle mantenimiento a la infraestructura, fachadas y señalamiento, lo usan para el gasto corriente.

Esto significa que lo usan para contratar más burocracia, por una parte, y para el uso y mantenimiento de los vehículos.

Como ocurre con otros proyectos y programas para beneficio de la sociedad, sólo los utilizan para el beneficio de la clase política.

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