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El hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio.
–  Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán.

 

Por Víctor Sánchez Baños

 

En diversos sectores cuestionaron la forma de actuar por parte del gobierno federal en la asignación de contratos. En el caso de la distribución de medicamentos no es la excepción, luego de que se anunciara un veto hacia las empresas Fármacos Especializados, a cargo de Francisco Pérez Fayad; Dimesa, dirigida por Alejandro Álvarez; y Maypo, que encabeza Jack Rodríguez Bussanich.

Los distribuidores de medicamentos aseguran que es una decisión anticonstitucional debido a que no existe impedimento legal para que participen; deja el paso libre a otras compañías. La decisión presidencial, comentan, contradice la información que el 29 de marzo, Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, notificó a la industria farmacéutica que no había impedimento alguno para que ninguna empresa pudiera participar en la compra consolidada de medicamentos y material de curación en este ejercicio fiscal-Al poco tiempo el gobierno se contradijo.

Actualmente no hay sentencia en contra de estas compañías para que se les prohíba participar en la compra consolidada, inclusive señalan que no se les ha notificado de que exista alguna investigación en su contra.

En primera instancia, el único “delito” que han cometido estas empresas es haber sido proveedor del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sabemos que no serán las únicas empresas que serán afectadas y se les podrían unir otras dos.

Además, estas empresas, al no haber argumentos jurídicos que soporten la medida unilateral, podrán recurrir a instancias internacionales, ya que la industria farmacéutica, argumentan, se vería afectada ante la poca certeza jurídica que denota el actuar del nuevo gobierno.

Otro hecho, es que está decisión tomada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, también le genere ruido a Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Trabajo, debido a que podrán desaparecer alrededor de 11 mil fuentes de empleo que ofrecen estás compañías por el veto presidencial.

Además, por si fuera poco, varías dependencias federales tienen adeudos por más de 20 mil millones de pesos, con las empresas “vetadas”.

Lo que está en juego, definitivamente, es el Estado de Derecho. Las compañías afirman que, en síntesis, la decisión de AMLO, es anticonstitucional, sin fundamentos jurídicos, abre las puertas a nuevas empresas que podrían estar afines al nuevo partido en el poder y, por si fuera poco, ante el adeudo que existe del gobierno federal y de los estatales, se complicaría la credibilidad sobre el respeto al Estado de Derecho.

PODEROSOS CABALLEROS: El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, fue certero en sus apreciaciones que ofreció en el Senado. Primero, puso en relieve que la principal preocupación de los inversionistas extranjeros es la política interna. Otro de los temas preocupantes es la inseguridad y el respeto al Estado de Derecho. Estos puntos son clave para el desarrollo de una nación. La inseguridad afecta, en forma directa a los inversionistas nacionales y extranjeros que tienen que hacer inversiones onerosas para proteger su integridad, la de sus trabajadores, así como sus propiedades. Sobra decir del respeto a la ley, no sólo por los ciudadanos, sino del gobierno. En algunas regiones del país, hasta funcionarios federales, por intereses personales o de grupo, violan la ley impunemente. Son muchos los obstáculos para mejorar la vida de 130 millones de mexicanos y lo dicho por Díaz de León, es toral. *** El líder campesino en la CNC en la Ciudad de México, Nabor Ojeda, alertó que las 632 zonas rurales de la Ciudad de México podrían desparecer, dado que los jóvenes ante la falta de oportunidades salen en busca de opciones y los adultos conservadores se conforman con obtener para subsistir de la agricultura; cultivan y producen hortalizas, plantas ornamentales, nopal, maguey, avena y maíz, ovinos, porcinos y aves de corral, entre otros productos. La agricultura, incluso en zonas como Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, está sentenciada a desaparecer por falta de estímulos para los campesinos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: GINgroup, bajo el liderazgo de Raúl Beyruti Sánchez, promueve la inclusión financiera, tanto a través de los miles de empleos que administra como de los que genera directamente. Además, a través de pagos en formatos electrónicos y diversos productos financieros todos ellos en plataformas digitales, como son pólizas de seguros, fianzas, ahorro para el retiro y créditos, impulsa la tecnología en ese sector. Esto resalta en importancia, ya que sólo el 35% de los mexicanos están bancarizados.

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