El pleno de San Lázaro avaló reformas a los artículos 116 y 127 de la Constitución, mediante las que deberán sujetarse al tope del salario presidencial las percepciones de los funcionarios de organismos autónomos.
Sin embargo, la reducción de las mismas no se concretará aun cuando se aprueben los cambios a la Constitución en el Senado y en la mitad más uno de los Congresos de los estados, pues su vigencia quedó condicionada a que la Cámara de Diputados establezca parámetros para determinar cuál debe ser el salario del Presidente de la República que servirá de límite máximo.
Ese salario será el tope que podrá percibir todo funcionario público, pues si bien el artículo 127 ya establece hoy que ningún funcionario público de los poderes federales, estatales o municipales, podrán percibir una remuneración mayor a la del Presidente, en lo aprobado ayer se incorporó a los servidores de órganos autónomos y a las “personas de derecho público”.
Las reformas, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron aprobadas en lo general con voto dividido, 319 a favor, 12 en contra y 99 abstenciones de la oposición PAN, PRI, PRD y MC, quienes cuestionaron que la Cámara de Diputados esté en desacato a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), precisamente para determinar cuál debe ser el salario máximo de todo servidor público.
En mayo, al resolver recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Remuneraciones, que ajustó el salario de funcionarios públicos, la SCJN ordenó a los diputados fijar “parámetros objetivos” para establecer cuál debe ser el salario del titular del Ejecutivo Federal, sentencia que no se ha cumplido hasta el momento.
El fondo del debate, argumentaron Dulce María Sauri, del PRI; José Elías Lixa, del PAN, y Verónica Juárez Piña, del PRD, es la defensa de la división de poderes y de la facultad de la Cámara de Diputados de establecer el salario del Presidente, lo que no debe obedecer a su decisión discrecional o a un capricho.
Tras casi cuatro horas de debate, Morena cedió, al igual que sus aliados de PT, PES y PVEM, y convinieron con una parte de la oposición en condicionar la vigencia de las reformas constitucionales al cumplimiento de la sentencia de la SCJN y al ejercicio de la facultad de los diputados de establecer las percepciones del presidente.
Así, con 377 votos en pro, cuatro en contra y 43 abstenciones se condicionó la entrada en vigor del tope de salario presidencial para todos, a que la Cámara de Diputados establezca antes los parámetros.
