Fernando M. Ojeda
El Ramo 23 se convirtió en los últimos años en un ícono del gasto discrecional y de la corrupción en la asignación de recursos a las diferentes entidades. Mediante algunos fondos, este apartado gubernamental transfería recursos a ejecutivos locales para realizar diversas obras públicas que en ocasiones, no llegaban a conclusión o que servían de plataforma política para munícipes, gobernadores y legisladores.
A la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, los recursos de esta partida se redujeron casi un 80 por ciento comparado con 2018 y la cantidad de programas y fondos que contemplaba se acotaron a tres: el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano y el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.
Este recorte, será un factor de presión a los estados y abre la puerta a (además de la corrupción) mayores pagos de tenencia y predial a partir del 2020, así lo estima un reporte del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
“El 85% de los ingresos de los estados proviene de la Federación. Eso ha generado una gran dependencia que pone en peligro las finanzas públicas estatales”, dijo en entrevista Kristóbal Meléndez Aguilar, autor del estudio. La manera más eficaz de enfrentar el problema y garantizar recursos para las entidades es incrementar o reinstaurar los cobros de tenencia y de predial, explicó el analista del CIEP.
“La recaudación de predial sigue siendo muy baja, la idea es que se cobre al valor comercial de los inmuebles en la misma magnitud, pues hay muchos exentos y políticas en las que se condona el pago”, comenta. No obstabte, un aumento en los impuestos afectaría a las familias y tendría un costo político para los gobiernos locales, que quedarían debilitados por el gobierno federal, considera Paul Valdés, director general de la consultora Parámetro.
“Cobrar impuestos a nivel local genera un costo político para un gobernante supeditado a la voluntad del gobierno federal”, señaló Valdés. Debido a que las haciendas locales dependen de la federación, la pérdida de ingresos por este concepto puede ocasionar un debilitamiento en los poderes y partidos locales ante el gobierno federal, que busca centralizar los gastos sin conocer las necesidades locales, enfatizó.
El costo se vería reflejado en la población de las clases media y alta, que se han beneficiado por la reducción del costo de la tenencia en muchos estados desde 2012, cuando la federación le entregó a los estados su administración. Entre 2010 y 2017, solo seis estados incrementaron su recaudación por tenencia vehicular, 19 redujeron el cobro y siete lo desaparecieron.
“La disminución de estos recursos generó mayor dependencia del gobierno federal y que no haya suficientes recursos para algunos programas sociales”, pronunció Meléndez.
